Solidaridad con l@s jóvenes de Altsasu




En la página web que han creado familia y amistades de l@s chavales acusad@s, se expresa la versión contraria al que según parece, es otro montaje más del Estado carcelario español. Si seguimos permitiendo que se trate a sí a nuestra juventud, que se quiera destruir las vidas de est@s chava@ls por miserable interés político o "interés" de Estado, para acojonar a la peña con este miserable castigo ejemplar, llegará el día que venga otro cabrón con gorra y sus grises que teñirán nuestras vidas con su triste color. Porque es de justicia (y no precisamente de la que imparten los cuervos estatales), SOLIDARIDAD CON L@S JÓVENES DE ALTSASU



Presentación y Manifiesto de la página web Altsasu Gurasoak.

http://www.altsasugurasoak.com/es/portada/


Somos 22 padres y madres que en la madrugada del 15 de octubre de 2016, unos acontecimientos inesperados hicieron que nuestras vidas, las de todos y todas, se interrelacionaran, y no por algo bueno y esperanzador, si no lo contrario.


Somos gente muy distinta entre nosotros, unidos por el futuro incierto de nuestros hijos e hijas. Con distintas inquietudes tanto familiares, sociales, políticas y económicas, pero que hemos dejado todas nuestras diferencias en favor de lo que nos une: NUESTROS HIJOS e HIJAS.


Así, llevamos 4 meses recorriendo todos lo sitios a los que hemos podido acceder, para que nos oigan, escuchen y nos ayuden a encauzar esta situación incomprensible en las que nos hemos visto metidos.


Somos personas que están luchando, apoyadas por mucha gente, el pueblo de Altsasu, tanto jóvenes como gente mayor, también por algunas instituciones, y sobre todo, somos familias agradecidas a toda la solidaridad sentida en nuestros corazones.


A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.


Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.


Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.


Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.


Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.


Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes.


A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.

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