Gas Natural Fenosa plantea realizar siete nuevos pozos de gas, que se suman a la docena ya existentes, y sustituir e instalar nuevas tuberías para transportar el gas, en total 72 km de nuevos gasoductos. A ello hay que sumar nuevas líneas eléctricas subterráneas e instalaciones en superficie para extraer y bombear el gas. El gas que la empresa pretende extraer en Doñana, equivale en total a tan solo nueve días de consumo anual español, lo que hace entender que el promotor en realidad está mayoritariamente interesado en el proyecto de almacén subterráneo de gas.
El objetivo final es convertir el suelo de Doñana en un mega almacén de gas con una capacidad para albergar 140.000.000 de metros cúbicos de gas licuado (como comparación, Castor podría haber guardado hasta 1.900 millones de metros cúbicos). Esto equivaldría a aumentar un 20% la capacidad total de almacenamiento de gas en España aún cuando tiene un sistema gasista muy caro y sobredimensionado al haberse diseñado sobre la base de una demanda de gas un 35% superior a la real. En este escenario, y con la intención de detener la agresión a Doñana, la sociedad civil se ha organizado y movilizado. Diferentes colectivos, plataformas e iniciativas piden la paralización inmediata del proyecto gasístico en Doñana. De seguir adelante, este espacio corre el riesgo de perder alguna de sus figuras de protección como es la de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, ya que este organismo podría incluirla en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro en 2017. Para ello, España debe entregar un informe el 1 de diciembre donde se recojan las medidas necesarias que va a tomar para cumplir con las recomendaciones de este organismo internacional.
Además de ser dañino y peligroso para el Espacio Natural de Doñana, este proyecto es incompatible con el cumplimiento del Acuerdo de París recientemente entrado en vigor para salvar el clima. Los científicos son claros al respecto: si el Gobierno se tomase en serio el cambio climático, no debería aprobar ni un solo proyecto más de exploración, explotación, almacenamiento o transporte de combustibles fósiles. El proyecto además es totalmente innecesario para la seguridad de suministro del sistema gasístico. Algo que no está dispuesta a admitir la empresa que, en caso de cancelación del proyecto, reclama a la Junta de Andalucía responsabilidad patrimonial (indemnización) por 358 millones de euros.
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| País de paletos que no saben valorar su mayor riqueza |
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