Nordic Anger: ¡Absolución 18 de la Macarena ya!

El caso de ‘los 6 de la Macarena’ tiene su origen en febrero del 2018, cuando tras la ocupación de unas viviendas vacías en el barrio sevillano de la Macarena se realizó un desalojo policial en el que 18 personas fuimos identificadas, 6 de las cuales detenidas y posteriormente enviadas a prisión preventiva durante 56 días. A día de hoy decidimos sustituir el popularizado nombre de ‘los 6 de la Macarena’ por ‘l@s 18 de la Macarena’ debido al total de personas involucradas en el caso, a todas las cuales nos piden elevadas penas penitenciarias y económicas.

A finales de 2017 varias personas sin hogar cansadas de su injusta situación deciden ocupar un bloque de viviendas en ruinas creando la ‘Corrala Dignidad’, un nuevo concepto de corrala, en el que las propias personas sin hogar, las víctimas más desfavorecidas de la especulación inmobiliaria, fueron las protagonistas. Este nuevo movimiento entró con fuerza y la red de apoyo que se creó hizo que la ‘Corrala Dignidad’ creciera por momentos, llegando a acoger a más de 50 personas sin techo cada noche.

En este ambiente de movilización por el derecho a la vivienda es donde varios jóvenes y personas sin hogar, unidas a algunos de los compañeros de las corralas recién creadas, decidimos ocupar en febrero de 2018 el edificio Nº 42 de la calle Macarena, para dar alternativa habitacional a más personas sin hogar. El edificio escogido para la ocupación estaba en el mismo lugar donde años atrás se encontraba el centro social ‘Casas Viejas’, uno de los centros autogestionados más relevantes en la historia de la ciudad. Se ocuparon varios apartamentos vacíos, cuya falta de instalaciones eléctricas y de agua confirmaban la ausencia de habitantes en el inmueble.

A la mañana siguiente se hace pública la ocupación del inmueble, invitando a las redes de apoyo del movimiento del derecho a la vivienda a venir. Pero minutos antes del momento acordado para el despliegue de las pancartas varios policías pertenecientes a la Brigada de Información irrumpen en el edificio desde la azotea vestidos de paisano, y sin identificarse como policías ni mediar diálogo alguno comienzan a desalojarnos violentamente.

Las personas de la red de apoyo fueron llegando y atónitos por el jaleo procedente del interior del bloque le preguntaron a la policía de que se trataba todo aquello y pidieron alguna orden judicial que justificara aquel desalojo repentino. Llegaron varios furgones policiales de los que salieron numerosos efectivos, estos sí uniformados, que disuadieron violentamente a las personas concentradas frente al edificio, penetraron dentro y expulsaron a toda la gente que estaba dentro. Casi todos fuimos identificados, 6 de nosotros fuimos detenidos según un criterio totalmente arbitrario y enviados a los calabozos.

Nos designaron al Juez N.º 4 de Instrucción, el cual tras escuchar tan solo la versión de los hechos de las fuentes policiales no dudó en enviarnos a prisión preventiva a los 6 acusados, medida excesiva y desproporcionada desde cualquier ángulo.

Una vez dentro de prisión, pudimos conocer detalladamente la acusación policial y el escrito de petición de encarcelamiento que caía sobre nosotros. La versión brindada por el atestado policial distaba bastante de la realidad de los hechos acometidos.

Se formó una plataforma de apoyo a ‘los 6 de la Macarena’ para luchar por la libertad de los 6 detenidos, los cuales no teníamos garantía alguna de cuando íbamos a salir de la cárcel, ya que la estancia se puede prorrogar hasta los dos años. Se consiguió que saliéramos tras 8 semanas en libertad provisional, estado en el que seguimos actualmente.

La situación actual es que el Juez de Instrucción N.º 4 ha dado paso a la apertura de un Juicio Oral aún sin fecha, donde tendremos la oportunidad de explicar nuestra versión de los hechos. La fiscalía sigue defendiendo la versión ofrecida por la policía hace un año y acusándonos de los mismos seis delitos referidos pese a las pruebas aportadas por nuestros abogados defensores.

Las 18 personas encausadas nos enfrentamos a penas de prisión que oscilan entre los 5 años y medio, y 3 años y 8 meses en el mejor de los casos, sumando un total de 77 años de cárcel. Y penas económicas de entre 4.140€ y 5.255€ por persona que, sumadas a una fianza de 21.914€ suponen un total de 103.124€, incapaces de ser abonadas por cuenta propia por los integrantes del caso dada nuestra precaria condición económica.

Nuestro primer objetivo ahora es conseguir los 21.914€ que nos exigen de fianza, los cuales nos fueron solicitados en nuestra última vista judicial, declarándonos insolventes dada la imposibilidad que teníamos de pagar, pero que pueden ser cobrados mediante el embargo de cualquier bien que figure administrativamente como nuestra propiedad.

Hemos creado una Plataforma de apoyo, con el fin de trazar una estrategia organizativa conjunta hasta que llegue el juicio, tanto a nivel de movilización social, como de recaudación de fondos y difusión. Somos conscientes de que sin un apoyo popular no conseguiremos ganar esta batalla.

Tenemos claro que lo que nos ha ocurrido no es solo un ataque contra 18 personas, es un ataque a toda la lucha por el derecho a la vivienda, en favor de la especulación financiera y de un sistema capitalista salvaje que sigue tolerando que haya gente durmiendo en la calle mientras miles de casas están vacías.

¡Basta ya de represión! ¡Luchar por el derecho a la vivienda no es delito!