Nordic Anger: Botella vendió pisos protegidos a un fondo buitre (Negocios entre hienas y buitres)

Las hienas y los buitres rebañan la carroña dejada por los leones

Hace unos días publiqué en el blog una entrada dedicada al podemita Ramón Espinar y su impostura. Lo suyo no es más que hipocresía, da mucho asquito, pero no ha hundido la vida de nadie con su dudoso proceder. Esta vez vamos a tocar un tema de mucha mayor importancia y de real mangancia, las viviendas VPO vendidas por la Botella a fondos buitres. Esta insípida "señora" que sólo por méritos maritales llegó a algo más que a abogaducha al servicio del Estado en varias administraciones (aunque Marhuenda me llame machista), vendió 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin aplicar las "instrucciones internas de contratación". Así consta en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes, al que ha tenido acceso Europa Press.

El escrito, adelantado por eldiario.es, destaca que la EMVS, en la venta de determinados inmuebles, "ha prescindido de la aplicación de las instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta". También se ha hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación. En este punto añaden que no sólo se incumple la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

Y ellos tan tranquilos

En concreto, las promociones vendidas componen un total de 1.860 viviendas vendidas a dos entidades jurídicas del mismo grupo societario, Fidere Gestión y Fidere Vivienda, en régimen de arrendamiento y de arrendamiento con opción a compra, más los correspondientes garajes y trasteros (para un total de 5,315 inmuebles). La venta a Fidere "contraviene" para la Cámara de Cuentas el contenido del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado luego en octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación. A su vez, sostiene el órgano fiscalizador que en esta venta el Ayuntamiento no promovió "una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la misma, el 3 de mayo de 2013, ha facilitado el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la adjudicataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en situación de ventaja respecto a otros posibles interesados". Recalca que el precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128,5 millones de euros, resulta inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales. La Cámara de Cuentas entiende que se ha podido afectar con la enajenación a los arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento, en contra de lo que marca la normativa.

Gracias a la ética de redomada meapilas que ostenta la Botella, miles de madrileños se han encontrado de la noche a la mañana con que, de vivir en un piso de protección oficial, han pasado a hacerlo en una vivienda propiedad de un 'fondo buitre'. Compraron una vivienda con protección estatal, protegida con el dinero de tod@s l@s españolit@s, y ahora resulta que su casa está en manos de gentuza perteneciente a la rama más degenerada de nuestra especie. Las tres partes de un contrato que no salen beneficiadas por igual. La primera, el Gobierno regional, ha conseguido liquidez inmediata para pagar sus deudas. La segunda ha comprado un parque móvil de 3.000 pisos (sumando los vendidos a distintos buitres) a 63.000 euros (a precio de costo casi) la unidad, que ya ha puesto en el mercado por más del doble (entre 150.000 y 170.000). Y la tercera, los inquilinos, se acostaron con un precio de alquiler para despertarse al día siguiente con la mensualidad incrementada.

La Comunidad de Madrid tapa los agujeros creados por su propio latrocinio, ya que como dice un proverbio chino: "No puedes tapar un agujero sin hacer otro". 3.000 pisos al módico precio de 63.000€ son nada menos que 189. 000.000€, aunque con estos millones no tienen ni para tapar el agujero de las mariscadas bien regadas que han disfrutado a costa del amamonado y sacrificado contribuyente. El fondo buitre Goldman Sachs-Azora se embolsa 450.000.000 € brutos si hacemos la suma a la baja.

La parte más perjudicada, el inquilino, no piensa abdicar sin plantar cara y amenaza con que el Ayuntamiento también salga malparado por la operación: La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han interpuesto un recurso contra la Comunidad de Madrid para evitar lo que consideran un "desmantelamiento y expolio de la vivienda pública". Un recurso al que hipócritamente también se ha unido el PSOE de Madrid, los del partido que han permitido seguir gobernando en todo el país a estos mangantes sin escrúpulos. El Ayuntamiento reaccionó señalando que se mantendría el precio del alquiler, pero una vez conocida la subida de precios que han aplicado los nuevos dueños, se ha limitado a matizar que las condiciones "se mantendrán durante el tiempo establecido" en el contrato.

Los inquilinos están sufriendo mobbing por parte de los nuevos propietarios de las viviendas, ya que el fondo buitre solamente ofrece dos soluciones ante la subida unilateral de precios: "O compras o a la calle". La mayoría de las viviendas enajenadas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127). Inmuebles en los que la gran mayoría de los inquilinos ya se preparan para hacer las maletas porque en esta transacción hay, además, letra pequeña.

Entramado de sociedades y fondos buitre que compraron viviendas sociales en Madrid

Dada la calificación original de vivienda de protección oficial, la gran mayoría de los inquilinos recibe una ayuda al alquiler. Según cada caso, estas reducciones van desde el 20% hasta el 90% de las mensualidades, siendo en su mayoría de un 30%. Estas ayudas se conceden por un periodo de 2 años por lo que, pasado el plazo, proceden a ser revisadas. El goteo de solicitudes ya ha comenzado pero, desde la venta de las viviendas, el IVIMA se desentiende de las ayudas al no estar ya bajo su competencia. Preguntado por lo mismo en la ventanilla de al lado, es decir, al citado fondo de inversión, la respuesta también es negativa. Son una empresa y no un departamento social de la Administración. Y aquí viene el remate final de la operación inmobiliaria. Una vez los inquilinos –incapaces de hacerse cargo del 100% de los gastos- abandonen los pisos, estos podrán ser vendidos por el precio que quiera el dueño. Muy por encima de los 150.000 euros que lucían los folletos informativos que el IVIMA repartió durante su construcción.

Otro problema que surge de la operación es que al dejar de ser viviendas de primera venta, en los recibos se dejará de pagar el 4% de IVA pero, por contra, en la operación de ejecución de la opción a compra, las familias deberán pagar un 8% por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Es decir, se duplica la imposición en la compra. Así que a los inquilinos solamente les queda la pelea judicial. Porque incluso la pelea vecinal la han perdido. Según han denunciado a La Vanguardia, la empresa que adquirió las 3.000 viviendas protegidas está intentando "liquidar" las juntas de administración existentes en las promociones creando una junta de propietarios de la que solo forman parte ellos mismos.

Tiene cara de estar oliendo mierda hasta cuando sonríe

Ya ven el peligro que entraña dejar en manos de una sola persona el destino de miles o millones. Ana Botella y sus compinches se habrán forrado el riñón, brindan con champán del caro y duermen tranquilamente sin necesidad de somníferos. Cosa muy distinta de sus víctimas, las cuales no pueden dormir ni con una dosis de morfina para elefante. Aquí tenemos un claro ejemplo práctico de a lo que conduce dejar en manos de gentuza sin escrúpulos nuestras vidas, veamos:

El fondo buitre al que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella vendió estas viviendas sociales de la capital, ha dado un mes de plazo a través de su sociedad gestora Fidere a siete familias para que dejen los pisos en los que llevan viviendo una década. Todas recibieron a mediados de octubre un burofax que les informaba de que su contrato no se renovaba porque la empresa quiere acometer "obras significativas" en las viviendas. Los vecinos aseguran que los pisos "no tienen ningún problema" y están en buenas condiciones. Fidere no les ofrece volver tras hacer los arreglos.

Las siete familias afectadas fueron adjudicatarias de los pisos, ubicados en la calle Huertas y Lope de Vega de la capital, cuando todavía eran de la Empresa Pública de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, cuando eran viviendas sociales. Este mes tenían pendiente la renovación de los contratos, como sí ha pasado casi de forma automática con los inquilinos de otras promociones compradas por el fondo. Esta en concreto se compone de 11 casas, todas de 50 metros cuadrados salvo una que tiene el doble. Las viviendas, aseguran los vecinos, "no tienen ningún problema" y están en buenas condiciones de habitabilidad. "Es una casualidad que solo se necesite hacer obras en las viviendas donde vivimos personas a las que nos cumple el contrato. Además, no nos han explicado qué tipo de obras ni por qué tenemos que dejar las casas. No ha habido ninguna comunicación más allá del burofax, que nos deja un nulo margen de maniobra", explica Laura, una de las afectadas.

Han llegado a vender ni lo que el Cabronsísimo se atrevió nunca

No es la primera vez que Fidere actúa de este modo. Aranxta Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta, y su familia están viviendo sin contrato en su casa desde principios de octubre porque la empresa no quiere hacerles uno nuevo tras finalizar el que mantenían con la EMVS. A ellos ni siquiera les dieron una justificación para no renovar y no aceptan sus recibos. La familia se ha querellado contra Fidere por "discriminación y "coacción". Esta acción judicial se suma a la petición de reapertura de las querellas del PSOE y de la asociación que preside la misma Mejías. Cinco de las siete familias que han recibido el burofax también pertenecen al colectivo de afectados por la venta. Laura vive con su pareja y sus dos hijos –de dos años y 20 días– en ese piso desde hace 10 años durante los que, asegura, ha pagado "religiosamente" todos los recibos. Abonaba al mes 413 euros en concepto de alquiler y tiene siete días para pensar en una alternativa.

"Nos ha pillado de sorpresa total. No nos han llamado, solo el burofax, donde no se concreta qué obras quieren hacer y por qué tenemos que irnos. Al resto de promociones, salvo a Arantxa, les han renovado los contratos con subidas, pero pueden seguir allí. No sabemos el porqué de este trato diferencial. Es un disgusto enorme y no tenemos margen de movimiento", dice Laura en conversación con eldiario.es. Uno de sus vecinos, en la misma situación, ha intentado ponerse sin éxito en contacto telefónico con Fidere, según la inquilina.

El abogado que lleva el caso de la familia Mejías está estudiando, según los afectados, qué puede hacerse en este caso. "Está mirando qué acciones se pueden tomar para que no tengamos que desalojar", explica la afectada, sin dar más detalles. En el bloque vendido a Fidere hay otras cuatro familias más: a todas ellas les finaliza el contrato en 2018, pero sólo una lo firmó con la EMVS. El resto entró a vivir una vez que se había producido la venta. Este jueves se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar la venta de estos pisos, según Cadena Ser. “Se puede concluir por tanto que la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado", dice el organismo en una notificación fechada el 19 de octubre.