Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos) infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España y por la impunidad efectiva de los responsables en muchos de ellos. En el presente informe se ponen de relieve algunos casos investigados por Amnistía Internacional, en los que las víctimas afirman haber recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposadas y tanto en la calle como bajo custodia policial.
En sus denuncias, estas personas aseguran también que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la víctima estuvo varias semanas sin oír por un oído a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza.
Amnistía Internacional considera que los continuos casos de presuntos malos tratos a manos de agentes de policía tienen su origen en el hecho de que las autoridades españolas no hayan cumplido en múltiples ocasiones sus obligaciones jurídicas internacionales, en virtud de las cuales deben tomar diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para impedir los malos tratos.
Las normas internacionales obligan también a las autoridades a garantizar la realización sin demora de una investigación independiente, imparcial y exhaustiva siempre que haya razones para pensar que se han infligido malos tratos. Asimismo, las autoridades tienen que asegurarse de que las personas responsables de tales violaciones de derechos humanos sean puestas a disposición judicial para ser sometidas a un juicio justo y de que se proporcione a las víctimas un recurso efectivo, que incluya reparación.
Como ha señalado el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), «la credibilidad de la prohibición de la tortura y de otras formas de malos tratos se ve socavada cada vez que no se exige a los funcionarios responsables de dichos delitos que den cuenta de sus acciones».
Los casos que Amnistía Internacional ha investigado, incluidos los documentados en este informe, revelan deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, investigación y castigo de los malos tratos.
Asimismo, en el informe del CPT sobre su visita a España de 2005 se señala que, teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al determinar la «eficacia» de una investigación sobre malos tratos, en ninguno de los casos examinados por su delegación durante la visita de 2005 podía calificarse la investigación de «eficaz», de lo que se desprendía que «las salvaguardias aplicadas actualmente para las personas privadas de su libertad por agencias encargadas de hacer cumplir la ley no las protegen debidamente de los malos tratos».
En sus respectivos informes, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura han aludido a muchas de las cuestiones que se ponen de relieve en el presente documento.
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