Esclavas del franquismo: el trabajo de las mujeres presas


Los reformatorios de mujeres fueron cárceles ocultas y legales en manos de religiosas.

Fernando Hernández Holgado (Universidad Complutense de Madrid; Associació per la Cultura i la Memòria)

José Miguel Gastón Aguas (Instituto Gerónimo de Uztáriz; IES Tafalla)

Ha habido que esperar demasiados años para que el muro de silencio que ocultaba la ignominia del sistema represivo del Nuevo Estado franquista se comenzase a diluir. Puede afirmarse con toda rotundidad que ha sido la fuerza de la memoria de sus víctimas la que, amplificada su voz y repercusión en fechas muy recientes, tras una primera y limitada eclosión a finales de los setenta y principios de los ochenta, ha señalado el camino a los estudios históricos a la hora de registrar, analizar y explicar con rigor y detalle los caracteres de esta represión; una labor que no ha culminado todavía. El ejemplo de la represión femenina carcelaria durante el franquismo resulta paradigmático. Las memorias y testimonios de la represión empezaron a surgir ya durante la Transición, y en algunas ocasiones mucho antes, por lo que se refiere a obras redactadas y editadas en el exilio. Pero sólo en tiempos muy recientes, y guiados por los trabajos pioneros de un reducido grupo de historiadoras feministas, han aflorado algunos estudios históricos sobre la realidad penitenciaria de las mujeres a lo largo de la dictadura, principalmente durante la primera posguerra. La memoria ha guiado, pues, a la historia, tendiéndole un hilo invisible. 

Mujeres indefensas maltratadas por la horda falangista

Los testimonios estaban desde mucho antes. Testimonios, en este caso, de mujeres sobre cuyas vidas se hizo de noche antes de tiempo. Mujeres comprometidas con el proyecto republicano, militantes de sindicatos, partidos políticos y asociaciones femeninas que acabaron formando parte de la “industria de transformación de existencias” que fue la cárcel franquista por utilizar el concepto del historiador Ricard Vinyes Rivas, “destinada a doblegar y transformar a los individuos que caían en sus manos“. Allí, estas “rojas“ se encontraron con otras mujeres —aún más numerosas — sin bagaje reivindicativo o ideológico alguno, al menos en el terreno de la política pública: esposas, hermanas o madres de “rojos“, que por el simple hecho de serlo fueron estigmatizadas y condenadas, cuando no mantenidas como rehenes a la espera de que el régimen capturara a sus hombres, que sí se habían significado políticamente a favor de la República.

Los "valientes" soldados.
De este amplio colectivo de represaliadas, sólo las mujeres cuya identidad se había forjado y macerado en la militancia política y, aún en mayor medida, en el largo periodo carcelario, tuvieron la fuerza y el coraje necesario para recordar y contar. Mujeres que lo habían arriesgado todo por proseguir la lucha contra el franquismo en la clandestinidad, y que en consecuencia habían sido condenadas a las penas más duras: condenas a muerte o a treinta años de cárcel que, una vez conmutadas, se tradujeron en estancias efectivas de hasta diecinueve años de prisión. Fue este tipo de experiencia penitenciaria extrema, en condiciones absolutamente politizadas de continuación de la lucha contra la dictadura dentro de la prisión, la que, moldeando, cincelando y afirmando su identidad individual, trabó un compromiso indestructible con la voluntad de recordar y transmitir, y la que, a la postre, las convertiría en militantes de la memoria. Memoria como identidad. Memoria para no olvidar vivencias propias e individuales, pero también para recordar lo sucedido con las compañeras que no vivieron para contarlo, las cuales acabaron fusiladas en los muros o perecieron víctimas de las ínfimas condiciones de los centros carcelarios.


La “roja-degenerada“

Dejando al margen la violenta imposición de roles que significó la teórica expulsión de las mujeres de la “fábrica y el taller”, según la conocida frase joseantoniana, y la correspondiente tentativa de encierro en el ámbito doméstico en el papel subalterno de “esposa y madre ejemplar”, un amplio colectivo de mujeres más o menos comprometidas con la República y la lucha contra la dictadura se cobró su cuota de sufrimiento en fusilamientos y años de cárcel. En este sentido, muchas de ellas pagaron sus propias culpas pero también las de los hombres, si pensamos en las mujeres-rehenes a las que más arriba hacíamos referencia, así como en determinados rituales de humillación realizados generalmente en zonas rurales durante la guerra y la primera posguerra: rapado de cabezas, purgas con aceite de ricino y escarnio público consiguiente. No pocas veces estos rituales públicos se representaban no tanto para castigar el pecado de un sujeto teóricamente autónomo —la mujer en cuestión — sino para vejar, humillar y combatir al hombre que había detrás de ella y que no se había dejado atrapar: el marido, el padre o el hijo varón. En resumen, castigar al hombre… pero en el cuerpo de la mujer. Con lo que dichas prácticas, al margen de su carga represiva per se, evidenciaban el acendrado carácter patriarcal y sexista del régimen que tuvieron que padecer las mujeres; de ahí la frecuente y acertada afirmación, desde enfoques feministas, de que las mujeres sufrieron una doble represión durante la etapa franquista: por rojas y por mujeres. Triple incluso, si pensamos en el estigma que tuvieron que afrontar las supervivientes a su salida de la cárcel. Porque si grande era el desprestigio social al que se enfrentaba un varón al salir de la cárcel, ese desprestigio se convertía en imborrable baldón cuando se trataba de una mujer.

Cuando se contempla lo ocurrido con los mencionados rituales de humillación y nescarnio público de las mujeres desafectas, resulta obvio que nada se dejó al azar. Todo obedecía a un plan premeditado, enmarcado en la cosmovisión franquista que pretendía señalar a la roja como una mujer degenerada en cuyo seno habitaba el Mal. Por ese motivo se les rapaba el cabello, para denunciar su atrevimiento al subvertir el paradigma tradicional de la mujer en una sociedad sexista y patriarcal. Por eso se las purgaba con ricino, para purgar simbólicamente la “enfermedad” de un feminismo laico y emancipador, ensayado durante la etapa republicana. Por eso se las torturaba y paseaba, para expulsar de su alma el demonio del “marxismo”. A los varones no les tocó en suerte este tipo de prácticas rituales; en su caso, bastaba con que vieran o supieran de la vejación operada en el cuerpo de sus mujeres. La represión, en sus múltiples fórmulas, desde la humillación pública hasta el asesinato, pasando por el encarcelamiento, se convertía de este modo en una medida de profilaxis que pretendía purificar el cuerpo social, extirpando del mismo cualquier atisbo de “complejo psico-afectivo” que pudiera “descomponer la patria”, en palabras del militar Vallejo Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos de los sublevados.

ALMUDENA GRANDES. Sólo eran mujeres, estaban solas, carecían de formación. Para ellas todo era ilegal, todo estraperlo. Pero aprendieron solas lo que nadie les había enseñado.

La experiencia penitenciaria femenina

Al igual que ocurre con la represión femenina en general, la experiencia de las mujeres en las cárceles franquistas presenta un carácter específico, que la distingue de la sufrida por los hombres. Los rasgos diferenciadores no sólo se limitan al factor tan evidente como fundamental de la maternidad: los casos de presas que pasaban su embarazo en prisión, daban a luz en la enfermería de la cárcel o sobrevivían con sus hijos pequeños en el centro penitenciario. Ni tampoco a problemas sanitarios concretos como la dificultad de higiene durante la menstruación en las pésimas condiciones de la cárcel de turno, motivo de escarnio por parte de autoridades y carceleras, o los trastornos biológicos de consecuencias vitales y sociales tan relevantes como el adelanto de la menopausia, motivo asimismo de humillación por los mismos sujetos. 


Factores de índole biológica aparte, las diferencias abarcan hechos tales como el singular perfil de los centros carcelarios femeninos, en los que las tareas de administración, vigilancia y castigo recaían generalmente sobre órdenes religiosas femeninas: Hijas de la Caridad, Hijas del Buen Pastor, Oblatas…, con la plusvalía de control y adoctrinamiento ideológico y religioso que ello entrañaba, presidido por el ideal de “esposa y madre ejemplar” del modelo socio-sexual dominante, en el que la Iglesia jugaba un papel capital. Otras variables diferenciadoras remiten al distinto régimen laboral de los centros femeninos y masculinos, del que nos ocuparemos más adelante, o a la negación pública por parte del Nuevo Estado de la condición de “presas políticas” que sufrieron las mujeres condenadas por delitos tan políticos como el de “rebelión militar” -con sus diferentes variantes de “adhesión” o “auxilio”- o, en tiempos posteriores, aquellos delitos que atentaban “contra la Seguridad del Estado”. Resulta significativo que en las estadísticas penitenciarias no aparecieran presas políticas como tales, quedando todas las reclusas englobadas bajo el apartado de delincuentes comunes, y dando a entender que su encarcelamiento obedecía más a razones de tipo social provocadas por la miseria de posguerra que a impulsos organizativos y desafecciones políticas.

Para este colectivo concreto de mujeres, la negación de la condición de presa política representó, de cualquier forma, una estrategia destinada a fracturar su capacidad de resistencia y por tanto someterlas con mayor eficacia. Cuando la presa en cuestión evidenciaba su carácter irreductible, la recurrente técnica del traslado a otra cárcel intentaba cortar por lo sano cualquier vínculo con la comunidad política y emocional diseñada para sobrevivir. En este sentido, los traslados fueron la prueba palpable de que la inoculación de la ideología franquista no bastaba para subvertir el sistema de valores de las presas políticas. No bastaba porque en sus “comunas” o “familias” —grupos de solidaridad y autoayuda, que se repartían los paquetes recibidos individualmente y atendían a las compañeras más necesitadas — fue brotando un irredentismo que mantuvo vivo el sueño de acabar con el franquismo. Afirmaron y reivindicaron con orgullo — “empoderamiento”, diríamos ahora — la naturaleza política de su privación de libertad. Crearon una estructura familiar intramuros que protegió a las más débiles. Diseñaron todo un abanico de actividades culturales y de ocio, desde la lectura por medio de bibliotecas ambulantes dentro de la prisión hasta las representaciones teatrales clandestinas, con ocasión de las efemérides que era necesario recordar: proclamación de la República o Primero de mayo. En suma, como señala Vinyes, constituyeron… “(…) una autoridad moral en el conjunto de la población reclusa que garantizase la existencia y mantenimiento de una economía identitaria (…) un sistema de administración de bienes y recursos morales que les hacían sentirse seres humanos y daba sentido a la permanente actitud vindicativa en su diferencia e irredentismo en un cautiverio homogenerizador y redencionista”. 

Prisión de Saturraran

Esa permanente actitud vindicativa y militante de las presas políticas llegaría a adquirir en ocasiones tintes heroicos: desde plantes colectivos en protesta por el rancho o las condiciones de la prisión —en ocasiones en colaboración con presas comunes — hasta fugas organizadas o episodios de resistencia como los protagonizados por las presas del taller textil de Ventas a mediados de los cuarenta, según refiere el testimonio de Antonia García, “La Toñi”:

“Entonces era cuando estaban las guerrillas y nosotras nos organizamos en los talleres de modo que sacábamos prendas de todas las piezas que hacíamos para el ejército. Sacábamos para las guerrillas, casi todos los días, bastantes prendas. (...) La primera pieza que hacían la cosían delante de la funcionaria y se calculaba el tiempo y el hilo que se necesitaba. Después ya no intervenía la funcionaria en ese aspecto. Las cortadoras colocaban de otro modo la pieza para que en cada una saliera prenda y media, así que de cada dos piezas nosotras sacábamos otra pieza, dando el resultado de que si nosotras hacíamos doscientas piezas para intendencia [militar], y cien eran para nosotras, y las teníamos que sacar”.

Monjas cucarachas. Demonios que roban a las madres sus hijos.

Las situaciones personales de cada presa, sin embargo, eran diferentes, y el vía crucis de las reclusas más arriba descrito se multiplicaba para las madres que tenían a sus hijos a su lado. Desde una perspectiva depuradora que combatiera la “propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos”, el Nuevo Estado creó toda una maraña legal de carácter ideológico que amparó el secuestro violento de los hijos de las exiliadas, fusiladas y encarceladas cuando no eran recogidos por familiares directos. Pasaron a ser tutelados, a partir de la orden de 30 de marzo de 1940, por las Juntas Provinciales de Protección a la Infancia, que los ingresaron en escuelas regentadas por religiosos, y en no pocos casos terminaron siendo entregados en adopción -de forma irregular- a familias afectas al régimen franquista. El drama tuvo que ser especialmente doloroso para las reclusas que daban a luz en la cárcel, sabiendo que al cabo de los tres años se verían separadas de sus hijos, y no precisamente para que los recogieran sus familiares en el exterior. A las duras condiciones de vida del presidio —-reclusión, hacinamiento, miseria y enfermedad —, más intensas, si cabe, al verse sin leche o comida adecuada para sus criaturas, se añadía una amarga y forzada despedida. Según refiere el testimonio de Josefina Amalia Villa:

“(…) la tragedia de los menores de tres años que acompañaban a sus madres aumentaba al máximo la dureza de la prisión: pasar hambre es duro, ver a los hijos hambrientos es definitivamente más duro. Aquellas mujeres agotadas, sin leche para criarlos, sin comida que darles, sin agua, sobre míseros petates, sin ropa, sin nada, sufrían doble cárcel”.

La hipocresía del nuevo régimen franquista no tenía límites. El discurso maternalista, que en la práctica vulneraba de manera tan palmaria los derechos de las madres presas, era ensalzado, sin aparente conciencia alguna de contradicción, por medio de imágenes cargadas de alegría, generosidad, caridad y humanitarismo coincidiendo con las festividades de la Merced — patrona de las prisiones—, Navidad y Reyes. Únicamente en tan señalados días se les permitía a los hijos de las presas pasar buena parte de la jornada con sus madres. Es fácil imaginar la trascendencia que poseía esa festividad para las mujeres que tenían a sus hijos en el exterior, al cuidado de sus parientes. Las fotografías de aquellas festividades solían ilustrar las Memorias anuales del Patronato de Redención de Penas del Trabajo y del semanario Redención, único periódico de circulación carcelaria y órgano del Patronato. Eran precisamente esas imágenes las preferidas por el régimen a la hora de publicitar su gestión penitenciaria, ya que se servía de un material enormemente valioso: el sentimiento sincero de las presas madres y de sus compañeras.


El 29 de diciembre de 1937, las tropas de Franco habilitaron el balneario de Saturraran como presidio de mujeres republicanas o simplemente no afines al régimen que se pretendía instaurar (foto de arriba). Fue allí donde alrededor de cinco mil mujeres fueron encarceladas sin causa alguna, y donde les privaron de total libertad, llegando a quitarles a sus propios hijos/as para darlos en adopción a familias falangistas, amparándose en la cruel teoría de la “inferioridad mental” del Doctor Vallejo.

Las internas procedían de todos los rincones de la geografía española aunque en su mayoría eran vascas y asturianas ya que fue precisamente la caída de Asturias lo que precipitó su apertura debido al elevado número de mujeres que se apresaron.

Las monjas mercedarias, que se encargaban de la vigilancia de dicha prisión, fueron cómplices del sistema y representaron un eslabón más en la cadena de represión del régimen. Y no han sido pocas las voces que años después, se han atrevido a denunciar los horrores que se vivieron al otro lado de los muros de la prisión. Maltrato físico y psicológico, hambre, muertes de niños y niñas, mujeres… y sobre todo, un trato vejatorio que humillaba día sí y día también a las chicas que permanecían allí encerradas. Se calcula que 177 personas murieron en el centro, entre las cuales alrededor de 59 fueron niños y niñas.

El trabajo de las mujeres en prisión

“Yo entiendo que hay, en el caso presente de España, dos tipos de delincuentes; los que llamaríamos criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden humano, y los capaces de sincero arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social del patriotismo... Respecto de [estos]... es obligación nuestra disponer las cosas de suerte que hagamos posible su redención. ¿Cómo? Por medio del trabajo”. 

Franco lo tuvo claro; en 1939 ya señaló que habría presos, condenados por delitos relacionados con la etapa presidida por “la barbarie roja”, que redimirían y verían rebajada su pena si trabajaban para el Nuevo Estado. Sería ocioso extenderse, por sobradamente conocido, en el curioso mecanismo de explotación laboral y rentabilidad económica, tanto para el Estado como para algunos empresarios privados, disimulado detrás de tan sublime doctrina como la teorizada por el jesuita Pérez del Pulgar. Pero si atendemos al caso de las prisiones de mujeres, nos tropezaremos con una serie de variables diferenciadoras de la experiencia femenina en el universo penitenciario franquista, y no de menor calado que las comentadas hasta ahora. Al igual que ocurría con los presos, también una parte del colectivo de presas condenadas por delitos políticos tenía derecho a redimir pena; una parte, que no toda. El matiz es importante, ya que muchas de las mujeres cuyo perfil se ha descrito al principio de este trabajo, las militantes de la memoria, habían sido condenadas a penas de larga duración por delitos políticos de posguerra, cometidos con posterioridad al 1 de abril de 1939, con lo que quedaban excluidas automáticamente de tal privilegio.

Al respecto, la legislación no diferenciaba entre hombres y mujeres. Los sujetos más “peligrosos”, que habían sido atrapados intentando reconstruir clandestinamente partidos y sindicatos para articular el combate contra el franquismo, eran carne de cárcel. Pero para las teóricamente afortunadas, la redención de pena significaba de hecho una trampa. La oportunidad de redención era sinónimo de explotación laboral, como en el caso más conocido de los reclusos varones, pero también de chantaje y control carcelario. El primer paso del mecanismo claramente pautado hacia la libertad condicional pero vigilada de reclusos y reclusas —medida obligada por la extremada congestión de los centros penitenciarios, a través de sucesivos indultos — no era otro que la concesión del derecho de redención de pena por trabajo. A la hora de concederlo, se imponía el primer filtrado: el presunto derecho quedaba reservado a priori a las condenadas a penas leves, y limitado en ocasiones a presas alfabetizadas que habían recibido adoctrinamiento religioso dentro de la cárcel. Y ello teniendo en cuenta que dicho derecho podía ser suspendido —e incluso anulado el tiempo redimido de condena —en caso de que se cometiera alguna infracción grave, mediante sanción impuesta por la Dirección General de Prisiones. El siguiente paso era la emisión de los informes favorables de las autoridades de la cárcel: médico, maestro, capellán y madre superiora. Sólo entonces, y siempre que se cumplieran las condiciones establecidas, eran elevadas las solicitudes a las comisiones provinciales de libertad condicional del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT), verdadera columna vertebral del núcleo duro del universo penitenciario franquista. Quedaba así de manifiesto que una cosa era que el Nuevo Estado se viera obligado a descongestionar cárceles, y otra muy distinta que tuviera que liberar, por obligación o negligencia, a los más peligrosos.


Pero, y he aquí un primer rasgo diferenciador, las presas que sí podían aspirar a redimir veían mucho más limitadas sus posibilidades de trabajo que sus compañeros varones, ya que el Nuevo Estado invertía poco y mal en instalaciones laborales en los centros femeninos. Al contrario que los presos, las presas nunca salieron a trabajar fuera de la cárcel. La infraestructura laboral más frecuente, por ser la más coherente con el papel doméstico asignado a las mujeres en el reparto socio-sexual franquista de roles, fue la de los talleres textiles, aunque curiosamente resultó ser llamativamente escasa. Por citar un ejemplo significativo, en la cárcel femenina de las Ventas en Madrid, la más poblada de la historia de España, el taller textil se creó en una fecha tan tardía como mediados de 1941, y el taller de manipulado de papel hubo de esperar cinco años más. En la prisión provincial de Les Corts, en Barcelona, ocurrió otro tanto de lo mismo: el taller mecanizado de costura se remontaba a principios de la década de los cincuenta, si bien es cierto que ya desde 1939 las características peculiares de este centro como antiguo conventoasilo hacían posible la explotación de un número nunca muy elevado de reclusas —siempre sociales, nunca políticas — en la extensa granja-huerto. Claro está que en este somero análisis obviamos los “destinos” o “cargos” de la prisión: portería, oficinas, paquetería, cocinas, “mandantas” o escuela, puestos que desempeñaban siempre las reclusas condenadas a las penas de cárcel de menor duración.

¿Se ha de entender por todo lo anterior que las presas se hallaban mucho menos explotadas que sus compañeros varones en los centros franquistas? Si la historia no se sirviera, una vez más, del hilo-guía de la memoria, o si cediéramos a la pretensión historicista de no recurrir más que a las fuentes documentales escritas y a las oficiales, habría que responder que sí. Pero, a la luz de los testimonios, la realidad es muy diferente, y nos señala, de paso, una última variable singularizadora de la experiencia femenina en las cárceles franquistas, no menos importante que todas las anteriores. Los testimonios conservados, sobre todo los de las militantes de la memoria, hablan de un uso intensivo del tiempo en prisión dedicado a una modalidad de trabajo consentida por las autoridades de la cárcel pero sin características formales ni regladas: el trabajo de costura que realizaban las propias reclusas y que, lógicamente, no redimía condena. Se trataba de un trabajo mucho más extendido que el publicitado por el régimen, realizado por las presas de manera informal, para mantenerse a sí mismas y a sus familiares, mediante la venta de sus labores en el exterior. Que esta modalidad laboral fuera consentida por las monjas —salvo en domingo, por razones obvias — encajaba en el perfil dominante de los centros penitenciarios administrados, regidos y controlados por religiosas, para las que el ocio significaba la fuente de todo pecado. E incluso en algunas ocasiones llegaron a intentar sacar partido de ella, según revelan algunos testimonios, como cuando las Hijas de la Caridad encargaban a las presas de Les Corts la elaboración de mantelerías y otras labores delicadas para familias pudientes de la ciudad.

Mujeres y jóvenes rapadas con el brazo en alto. Montilla (Córdoba)

Soledad Real, recientemente fallecida, perteneciente a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, describía así el paisaje de Les Corts en 1941:

“La vida en el patio era vida de trabajo de labores. Se han hecho muchos en las cárceles, mucho tapete de punto de media, se han bordado mantillas, se ha hecho ganchillo. Esta labor la entregábamos a los familiares, o a los amigos, cuando teníamos comunicación, y ellos la vendían y te compraban en la calle lo que necesitabas. O se quedaban el dinero, o parte del dinero, como en mi caso, porque yo tenía que ayudar a mi madre. Y te entraban parte del dinero que luego tú te gastabas en el economato, en comida para mejorar el
rancho”.

Es decir, que presas “peligrosas”, con condenas de larga duración, imposibilitadas para redimir condena, podían ayudarse a sí mismas con la venta de esas labores y, lo que era más importante, contribuir al mantenimiento de sus familiares en el exterior, e incluso al de sus compañeros varones cuando se hallaran encarcelados. Compañeros que, en el caso de que vieran igualmente vetado su derecho a redimir, podían y solían utilizar su tiempo libre para desarrollar todas aquellas actividades políticas y culturales —recordemos la llamada “universidad” de la cárcel de Burgos —para las que siempre faltaban horas a las presas políticas. Para terminar, una última pero no menos importante variable diferenciadora del encarcelamiento femenino en comparación con el masculino. Fueron las mujeres quienes tradicionalmente ayudaron y apoyaron a sus compañeros encarcelados, en forma de visitas o entregas de paquetes. Lo contrario, en cambio, nunca ocurrió. El libro de paquetes de la prisión central de mujeres de Segovia refleja que, en siete años, tan sólo entregaron paquetes veinticuatro hombres: diez de ellos padres de las reclusas, el resto hermanos. Por regla general, las mujeres de las cárceles franquistas sólo se tuvieron a sí mismas. Y aun así emplearon su tiempo y su vida en ayudar a sus seres queridos. 




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