El que fuera director general de relaciones con las Cortes, Francisco Marhuenda, vendió un fondo documental de una empresa de la que supuestamente era titular a un centro educativo que depende del Departamento de Enseñanza de la Comunidad de Madrid. La venta se realizó por 18,5 millones de pesetas en octubre de 1999, según denuncia del grupo PSOE-Progresistas de la Asamblea de Madrid. Marhuenda habría cobrado además del mismo centro por otros conceptos hasta 32 millones de pesetas entre 1999 y 2000.
El director general, que pertenece al Ministerio de Presidencia, lo dirigía Juan José Lucas, quien abandonó su cargo a los pocos días, <<no por estas denuncias, sino porque ha aceptado una oferta profesional>>, explican fuentes próximas a Marhuenda. De acuerdo con la denuncia del PSOE en la Comunidad de Madrid, la empresa Estrategias, Asesoramiento y Comunicación, SL, vendió un fondo bibliográfico al Instituto Ramón Carande, de la Universidad rey Juan Carlos, cuyo consejo de administración estaba presidido entonces por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos.
Se trata, por tanto, de un organismo público que contrató servicios con la empresa de un alto cargo político del PP. Máxime cuando Marhuenda era en esas fechas jefe del gabinete del anterior ministro de Educación, Mariano Rajoy, cargo que ocupó hasta mayo de 2000, cuando fue nombrado director general de Relaciones con las Cortes.
Los diputados del PSOE de Madrid Antonio Carmona y Antonio Martínez Sanjuán afirman que el Registro Mercantil de Barcelona indica que Francisco Marhuenda es fundador y administrador único de la sociedad que cobró del instituto público madrileño. De ello se desprendería, a juicio de esta formación política, un supuesto incumplimiento legal de las incompatibilidades de altos funcionarios y también en cuanto a la contratación del organismo público.
La ley señala que la incompatibilidad de altos cargos afecta también a los familiares directos de éstos. Los diputados de la Federación Socialista Madrileña del PSOE también mantienen que Marhuenda cobró a título personal 840.000 pesetas del Instituto Ramón Carande. El instituto tiene que aplicar la ley de contratos del Estado, que prohíbe a toda entidad financiada mayoritariamente por las administraciones públicas contratar con altos cargos de la Administración.
Fuentes próximas a Marhuenda, que fue diputado autonómico catalán en representación del PP hasta que José María Aznar formó su primer Gobierno, afirman que 'traspasó las acciones de esta empresa, eminentemente familiar, en 1994, para no incurrir en las incompatibilidades previstas en la ley'. Según parece, el fondo bibliográfico pertenecía a la sociedad de la familia de Marhuenda y constaba de unas 4.000 piezas, sostienen estas fuentes.
Artículo en El País:
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