Nordic Anger: El anarquismo en la guerra civil española. Estado de la cuestión. Walther L. Bernecker [Pdf]

LA REVOLUCION SOCIAL: UN FENOMENO SILENCIADO

Uno de los aspectos más sorprendentes de la revolución social española ha sido su relativo desconocimiento, durante mucho tiempo, en la investigación internacional. A pesar de la renovación, a partir de 1956, de la discusión acerca de los modelos de democracia de consejos, el tratamiento científico del movimiento de colectivización y del sistema de comités ha sido la excepción. Esta constatación parece tanto más sorprendente cuanto que la revolución social y todos los fenómenos conexos aparece expuesta tanto en la literatura de memorias y recuerdos de protagonistas como en la investigación realizada sobre el tema con acentos extremadamente controvertidos.

Ya en 1939 denunciaba Karl Korsch la «conspiración del silencio y de la desfiguración... que ha borrado casi por completo el aspecto auténticamente revolucionario de los recientes acontecimientos españoles». Y todavía en 1961 lamentaban unos autores anarquistas que «la expropiación de la tierra por los trabajadores agrícolas y de las fábricas por los obreros, en aquellas partes de España donde en 1936 el levantamiento de Franco fue resistido con éxito fuera a la vez el aspecto menos conocido y el más interesante de la guerra civil en España»

Campo de trabajo de la Colectividad Libertaria de las Matas. Teruel. Otoño 1936

Hay varios motivos que explican por qué la revolución social ha sido, durante mucho tiempo, para la ciencia histórica en gran medida una terca incógnita. Durante la guerra funcionó sobre todo la política comunista de silenciamiento, que impedía el conocimiento del experimento de revolución social mediante la aplicación de estrictas medidas de censura a los periodistas extranjeros. El Partido Comunista de España (PCE) interpretaba la contienda, poniendo énfasis en la intervención germano-italiana del lado de las tropas nacionalistas, como una «guerra de liberación nacional-revolucionaria». El contenido social de la guerra (como lucha de clases), destacado por los anarquistas, era negado por el PCE. En concordancia con las posiciones de la política exterior de la URSS, que por motivos de seguridad a mediados de los años treinta buscaba una aproximación a las potencias occidentales utilizando sin escrúpulos el aparato de la Comintern para la consecución de sus objetivos, la política del PCE estuvo orientada desde el comienzo de la guerra a hacer aparecer el cambio socioeconómico en la zona republicana como la consumación de la «revolución democrático-burguesa» iniciada en España en 1931; todas las medidas que rebasasen los límites que el marco democrático-burgués imponía a la revolución debían ser negadas a nivel de la propaganda e impedidas en lo posible a nivel práctico.

Junto a los comunistas, fueron sobre todo los partidos burgueses así como el Gobierno Republicano y sus representantes en el extranjero quienes, insistiendo en la legitimidad democrático-parlamentaria del sistema republicano y en la legalidad de todas las transformaciones económico-sociales en el terreno «leal», contribuyeron a que la opinión pública extranjera recibiese una información

extremadamente insuficiente acerca de la revolución social, su proyecto pragmático previo y, sobre todo, sus realizaciones efectivas. Mientras que algunos observadores extranjeros hablaban hacía tiempo de una revolución socialproletaria, liberales burgueses como el presidente Azaña veían a España en el camino de una República democrática.

Si durante la guerra civil fueron, sobre todo, los comunistas y los partidos burgueses quienes trataron de impedir la extensión de las colectivizaciones y el conocimiento del carácter revolucionario de las transformaciones socioeconómicas en la zona republicana, después de 1939 el régimen franquista no permitió ningún tratamiento científico de esta temática. La historia de la guerra civil debía presentarse desde la óptica nacionalista del «alzamiento nacional» como una lucha de la España «verdadera» contra el comunismo y el ateísmo; no había lugar para el análisis científico de las alternativas posibles al desenlace efectivo de la guerra. La dictadura de Franco impedía el tratamiento científico de la historia contemporánea de España; los archivos permanecían cerrados, las aportaciones no conformes a la versión oficial no podían publicarse, la historia de la guerra civil fue escrita sobre todo por extranjeros, primordialmente anglosajones, con una visión muy crítica de las realizaciones revolucionarias.

Los anarquistas españoles tratan al colectivismo de la época de la guerra civil como el punto culminante dc su historia libertaria. Y para todos ellos no hay duda de que la alternativa en cuestión era: «O fascismo o revolución social». Para todos ellos, el 19 de julio de 1936 significa el comienzo de la revolución en forma de guerra social, dirigida no sólo contra el levantamiento militar, sino, más allá, contra los fundamentos del orden capitalista, contra la gran propiedad agraria y la propiedad privada de los medios de producción. Sin disponer de una concepción teóricamente madura, para la mayoría de los trabajadores estaba claro desde un principio lo que luego fue repetido sin descanso por la organización anarcosindicalista: que no luchaban por la democracia burguesa, sino por su superación, no por el capitalismo, sino por el comunismo libertario, no por la prosecución de la relación de dependencia salarial, sino por la incautación de las fábricas y la autoadministración en el ámbito sociopolítico.

Tranvías colectivizados

Muy diferentes de las interpretaciones anarquistas son, hasta hoy, las comunístas. Los autores comunistas interpretan uniformemente el acontecer revolucionario como «revolución democrático-burguesa». Todas las realizaciones que superaban el marco democrático-burgués de la revolución fueron negadas por los comunistas. La guerra no fue interpretada como «social», sino como una «guerra de liberación nacional-revolucionaria». Los comunistas inscribían la lucha en la tradición del 2 de mayo de 1808, es decir, contra un agresor extranjero (los alemanes y los italianos), con lo que hacían primar su contenido nacional en detrimento del social. (En contraste con esto, los anarquistas se sentían sucesores de la comuna de París de 1871).

A esta interpretación de la guerra civil se han atenido hasta ahora todos los estudios comunistas del período 1936-1939. La colectivización de la economía fue y es descalificada como un descalabro económico y moral de los anarquistas y la autoorganización política en los comités es atacada como «dictadura caciquil». En la versión abreviada de la historia oficial del Partido Comunísta fechada en 1960, se caracteriza al sistema anarquista del «comunismo libertario» como «un período de robo sistemático, de expropiaciones por la violencia y de brutales exacciones», y la interpretación aún hoy obligada de la guerra civil, aunque reviste formulaciones atenuadas y matizadas, no representa ninguna aproximación de los puntos de vista. La fórmula del Frente Popular canonizada ya durante la guerra civil —«democracia burguesa o fascismo»— sigue estando también hoy en la base de las interpretaciones comunistas; entonces como hoy se ignora sencillamente la revolución social, al tratarse —como ha formulado Fernando Claudín— de una «revolución inoportuna» para los intereses del comunismo soviético.

Las experiencias de colectivizaciones tuvieron en Cataluña un carácter espontáneo que reafirma la importancia del movimiento autónomo de las masas obreras. Los trabajadores, prescindiendo de tutores, se lanzaron a la colectivización de las industrias, los transportes públicos, los servicios públicos, los comercios, las industrias de espectáculos, cafés, hoteles y un largo etc. Los nuevos organismos de las empresas incautadas e intervenidas tropezaron con importantes dificultades motivadas en unos casos por los males de la situación anterior, y en otros, por los problemas causados por la guerra a la economía catalana. Cuando las empresas tropezaban con dificultades pedían ayuda a la Generalitat, hecho que facilitó al Gobierno Catalán la aplicación de sus disposiciones. Así se explica que la Generalitat confiscase o interviniese sin problemas las industrias de guerra, con el golpe que ello supuso para las autogestiones

obreras del sector.

La intervención de la Generalitat en la economía colectivizada dio origen a seis tipos de nuevas empresas: las expropiadas u ocupadas por la Generalitat, las cooperativas, las confiscadas por los obreros, las confiscaciones o intervenciones de la Generalitat propuestas por los obreros, las privadas con intervención de la Generalitat y las privadas con intervención obrera, El proceso de legalización del orden revolucionario catalán, iniciado en agosto de 1936, se concentró en las grandes industrias y en la industria de guerra. El colectivismo agrario de Cataluña se enfrentó a serios inconvenientes,ya que la tierra se hallaba sumamente dividida por la pequeña propiedad y el régimen familiar de trabajo. Existía una organización específicamente catalana que constituía la principal fuerza política y social de la Esquerra: la Unió de Rabassaires, que era contraria a la colectivización y partidaria del reparto de la tierra con la creación de explotaciones de tipo familiar. Desde un principio, los colectivistas respetaron a los pequeños propietarios que cultivaban las tierras con sus brazos en régimen de explotación familiar. Se confiaba en que el ejemplo colectivista y sus ventajas acabarían ganándose a los reticentes. Sin embargo, en Cataluña no se llegó a una política agrícola común de los anarquistas, los socialistas y los rabassaires.

Es difícil hacer un balance provisional del colectivismo en Cataluña, ya que se desconoce el alcance real del mismo; tampoco se conoce el número de colectividades industriales, de servicios y agrícolas que llegaron a funcionar, ni la evolución de las mismas tras los sucesos de mayo de 1937. Lo que sí se puede decir es que las colectivizaciones industriales, nacidas espontáneamente sin una dirección clara, pronto fueron encauzadas por la Generalital, mediante una serie de decretos y órdenes, la constitución del Consejo de Economía y la puesta en práctica del decreto de colectivización, A partir de aquí, el Gobierno Catalán controló e incluso intervino las industrias de guerra colectivizadas.